El 1 de junio de 2018, cuando estaba a escasos minutos de convertirse en presidente del Gobierno, Pedro Sánchez prometió «dignificar la democracia con instituciones ejemplares». A diferencia de otros propósitos, como encauzar la crisis catalana o reorientar la agenda económica, este era sencillo de cumplir. Para tener instituciones ejemplares es suficiente con no bastardearlas; se trata de uno de los pocos aspectos de la gobernación en los que querer es poder. Basta con no utilizar los organismos estatales como agencia de colocación de afines, con respetar al poder judicial y con fomentar la independencia de entes públicos o semipúblicos. Basta, en fin, con asumir aquello de que la mujer del César no solo debe ser virtuosa, sino también parecerlo.
Durante un año y medio, sin embargo, el PSOE ha dedicado sus energías a ir en contra de esta fórmula tan sencilla. Los casos se acumulan: junto a la designación de una ministra como Fiscal General del Estado, el nombramiento de la autora de las memorias del presidente como secretaria de Estado para el Deporte o la esperpéntica separación del Ministerio de Ciencia y Universidades, tenemos el portazo de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica tras denunciar injerencias gubernamentales. Es fácil perderse en los detalles corporativos del caso, pero también lo es oler la chamusquina. Una relación delicada como es la del Gobierno con una compañía en la que el Estado es primer accionista, pero que tiene un 80% de capital privado, habría sido manejada por la vicepresidenta Ribera con presiones directas, a escondidas de la opinión pública y yendo en contra del propio reglamento de la compañía. Una vez más el Gobierno estaría actuando como si cualquier ente u organismo que se encuentre a tiro estuviera listo para ser manipulado… [Seguir leyendo en El Mundo.]