El PSOE propone imponer por ley que los partidos celebren primarias. Podemos propone que la asistencia del presidente del Gobierno a debates electorales y a ruedas de prensa sin preguntas pactadas sea obligatoria. Ciudadanos propone impedir que los imputados por delitos de corrupción vayan en listas electorales, o incluso que ocupen cargos públicos mientras se resuelve el proceso. El hilo que une estas propuestas resulta evidente: los partidos que más (o más alto) apuestan por la regeneración democrática de España creen que esto se logrará mediante nuevas medidas legislativas. Nuevas leyes que cincelarán nuevos políticos, nuevos ciudadanos, una nueva democracia.
Quizá sea demasiado pedirle a la nueva política que preste atención al refranero, y principalmente a aquel que avisa, con sencillez ribeteada de telurismo, que «hecha la ley, hecha la trampa». Más acorde con el nuevo lenguaje será pedir que cambiemos el chip, y nos demos cuenta de que el problema de la regeneración democrática no es un problema de legislación, sino de cultura política. Una cultura política, la de los españoles, que precisamente cuenta entre sus defectos la creencia de que los problemas se resuelven con leyes.
Un buen ejemplo de lo errado de este planteamiento es la educación universitaria.